Ciudad de México, 15 de diciembre de 2025 – El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma electoral que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente candidatas mujeres para la gubernatura en las elecciones de 2027, en un esfuerzo por garantizar la paridad de género.
La medida, conocida como «Ley Gobernadora», fue avalada con 19 votos a favor y 8 en contra, y responde a mandatos judiciales para eliminar barreras estructurales que han impedido históricamente el acceso de mujeres al Poder Ejecutivo estatal.
La reforma ha generado controversia, ya que críticos la señalan como una medida «a modo» para favorecer a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM). González Silva, quien ha expresado disposición a contender si «el pueblo lo decide», sería la principal beneficiada al eliminar competencia masculina.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó dudas sobre la constitucionalidad de esta disposición durante su conferencia matutina de este lunes. «Hay que ver si eso viola la Constitución», declaró, al diferenciar entre garantizar paridad general en postulaciones (como lo hace el INE a nivel nacional) y fijar obligatoriamente el género para un cargo específico en una elección determinada. Sheinbaum consultó al respecto con Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia.
Una situación similar se vive en Nuevo León, donde se ha impulsado una propuesta para que en 2027 solo mujeres puedan contender por la gubernatura. Aunque el gobernador Samuel García (MC) ha negado intervenir directamente y ha vetado reformas previas que posponían la paridad, opositores acusan que la iniciativa beneficiaría a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León.
Sheinbaum reiteró su oposición al nepotismo electoral, recordando la reforma federal que prohibirá sucesiones familiares directas a partir de 2030. Estos casos abren un debate nacional sobre si las acciones afirmativas para la paridad pueden usarse para fines políticos personales, en detrimento de la equidad y la constitucionalidad.