Si el gobierno del estado impide o bloquea la publicación del paquete presupuestal de Nuevo León para este año, el Congreso local estaría en posibilidad de iniciar un nuevo juicio político contra el gobernador Samuel García.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso, diputada Armida Serrato, advirtió que el incumplimiento del artículo 90 de la Constitución Política del Estado por parte del Ejecutivo podría derivar en un procedimiento de juicio político.
La legisladora del PRI explicó que, al alcanzarse la mayoría calificada necesaria para aprobar la Ley de Ingresos, Ley de Egresos y Ley de Coordinación Hacendaria, el gobernador no tendría facultad para ejercer un segundo veto.
En ese caso, estaría obligado a publicar los decretos en un plazo máximo de 10 días naturales siguientes a su recepción.
De no hacerlo, los decretos se considerarían aprobados por ministerio de ley y la Presidencia del Congreso ordenaría su publicación en los 10 días hábiles siguientes, conforme lo establece el propio artículo 90 constitucional.
“Si el Ejecutivo se negara a publicar los decretos, tanto este Congreso como yo, en mi calidad de presidenta de la Comisión Anticorrupción, presentaríamos una demanda de juicio político en contra del gobernador Samuel García”, afirmó la diputada Serrato Flores.
La legisladora enfatizó que “negarse a publicar no constituye una diferencia política: es una violación constitucional.
Una omisión deliberada de esta naturaleza afecta gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas del estado”.Recordó que dicha conducta encuadraría en los supuestos previstos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Juicio Político del estado, particularmente cuando existe una acción u omisión intencional que transgrede la Constitución local.
Finalmente, Armida Serrato hizo un llamado al Ejecutivo estatal para que respete la Constitución, evite una crisis institucional y garantice certeza jurídica a las finanzas y al funcionamiento del estado de Nuevo León.