El gobernador Samuel García vetó las reformas a la Ley de Movilidad que buscaban establecer descuentos en el transporte público para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables en general.
El enésimo atentado en contra de la economía de los diferentes sectores poblacionales de Nuevo León se consumó hace un par de días.
Aunque el Congreso superó el primer veto en febrero de 2026 con 33 votos a favor, García argumentó en esta ocasión que la medida genera un impacto presupuestal no contemplado en el ejercicio fiscal vigente, no se ajusta a la realidad financiera del estado y podría generar inconsistencias en el gasto público.
Diputados de oposición, como la panista Ailé Tamez (presidenta de la Comisión de Movilidad), calificaron este segundo veto como inconstitucional, ya que la legislación no permite reiterar observaciones una vez superado el veto inicial por insistencia legislativa. El Congreso anunció que ordenará la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado pese al veto, y algunos legisladores advirtieron que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si persiste el conflicto.
Ante las críticas, el gobernador Samuel García defendió su postura y aseguró que las tarifas sociales y apoyos al transporte sí se aplicarán, aunque a través de programas existentes o ampliaciones planeadas para los próximos meses (incluyendo una tarifa preferencial con al menos 25% de descuento), y no necesariamente mediante la reforma vetada.
Estos vetos se suman a una serie de roces entre el Ejecutivo y el Legislativo local en temas de movilidad, finanzas y regulaciones civiles, en un contexto de debate sobre prioridades presupuestales y beneficios sociales en Nuevo León. El Congreso podría insistir nuevamente o buscar vías judiciales para hacer prevalecer sus reformas.
Por otra parte, el gobernador
ejerció su facultad de veto sobre la reforma legislativa aprobada recientemente por el Congreso relacionada con las regulaciones en contratos de arrendamiento o ley de rentas.
En el caso de la reforma al Código Civil sobre arrendamientos, entregada al Congreso este viernes 6 de marzo de 2026, el mandatario argumentó que la modificación “complicaría” el acceso a la renta para los jóvenes.
Según el veto remitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la reforma eliminaba disposiciones que limitaban el monto de depósitos a un mes de renta y obligaban a pactar contratos en moneda nacional.
El gobernador señaló que no se realizaron mesas de trabajo con expertos, cámaras empresariales ni representantes de juventudes, lo que beneficiaría principalmente a los arrendadores y dificultaría el acceso a viviendas en renta para sectores jóvenes.