Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como el Centro de Dignificación Humana (CDH) entre otras, han expresado su preocupación por el bienestar de las personas deportadas, ya que enfrentan desafíos significativos al ser retornadas a una zona lejana, lo que complica su reintegración y aumenta su vulnerabilidad.
Además, esta política podría sobrecargar los recursos y servicios disponibles en Chiapas, una entidad que ya enfrenta retos en materia migratoria debido a su ubicación geográfica.
El 6 de noviembre de 1986 el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó la ley de Reforma y Control Migratorio de 1986,1 con lo que puso en vigor esta norma mejor conocida en México como ley Simpson-Rodino. Durante 1987 y los primeros meses de 1988, varias de sus disposiciones empezaron a surtir efectos.
El miedo y temor en la comunidad migrante eran mayúsculos, por el temor a las racias y deportaciones masivas, lo cual se vive el día de hoy entre los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular.
Esta política migratoria recientemente implementada indica que todos los ciudadanos mexicanos deportados serán mandados a la frontera sur de México
Esta medida se enmarca en las acciones del gobierno estadounidense para reforzar el control migratorio y responde a las amenazas previas de implementar deportaciones masivas de migrantes. Ante este panorama, el gobierno mexicano ha intensificado sus preparativos y estrategias legales y humanitarias para enfrentar las posibles repercusiones de estas políticas en su territorio.
La situación actual plantea desafíos tanto para las autoridades mexicanas como para las comunidades receptoras en el sur del país, que deberán adaptarse a este nuevo flujo de personas deportadas y garantizar condiciones adecuadas para su retorno y reintegración